Un policía nacional fuera de servicio fue el que, maniobrando con su coche, logró reducir hasta su detención al que conducía el presidente del Observatorio madrileño contra la Violencia de Género, Jesús Neira, que triplicó el máximo permitido en el control de alcoholemia que le hizo a continuación la Guardia Civil.
Un inspector del Cuerpo Nacional de Policía detuvo en junio en la carretera del centro de Gran Canaria a una señora que circulaba en dirección contraria. El general de la Guardia Civil en Canarias, Martínez García, ha dicho que ese policía no era competente para hacer lo que hizo, que esas son tareas del instituto armado, por lo que ha exigido medidas contra el funcionario a la jefa superior de Policía y la delegada del Gobierno.
Jesús Neira, que ha pasado de héroe a villano (quizás nunca tuvo madera de héroe y de ahí su fácil conversión) fue condenado a una multa de 1.800 euros, a la retirada del carné de conducir durante diez meses y a trabajos en favor de la comunidad. No podrá ejercer estos últimos en la Comunidad de Madrid porque la lideresa, en un rapto justiciero, borró de un plumazo el Observatorio contra la Violencia de Género que creó para este profesor creyendo que le iba a ser muy rentable electoralmente tenerlo de su lado.
La mujer que conducía en dirección contraria en Gran Canaria es la esposa de un general, del jefe de tropas de Canarias, y su caso va camino de convertirse en un nuevo ejemplo de la arbitrariedad, el favoritismo y el abuso de autoridad con los que algunos todavía se conducen por los intrincados vericuetos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Su caso, como el de Neira, hubiera quedado en uno más de cuantos tienen entrada cada día en los juzgados desde que determinadas infracciones administrativas de circulación pasaron a ser delitos. Pero la notoriedad que eligió el profesor madrileño y el comportamiento posterior del generalato en Canarias han disparado los dos asuntos hasta las portadas de los diarios y de los informativos.
El general de División Martínez García, jefe de la Guardia Civil en Canarias, que ha salido en defensa de la esposa de su compañero de armas y de rango, considerando incluso injusta y desproporcionada una sentencia con la que se conformó la imputada, cree en un principio de la autoridad bastante alejado del ordenamiento constitucional y democrático español, por lo que es necesaria la inmediata apertura de un expediente en el que se depuren las responsabilidades que sean menester.
Porque desanima bastante que quien es el jefe de una institución policial como la Guardia Civil, con competencias muy importantes en la represión de la delincuencia, en la investigación de la corrupción, en la vigilancia de la inmigración irregular, en la protección de la naturaleza y en la seguridad en el tráfico, se conduzca de una manera tan calamitosa.
Hace ya algún tiempo que la Guardia Civil está produciendo sustos anacrónicos en Canarias (que pregunten en el corredor del Sureste de Gran Canaria), y quizás todo pueda deberse al espíritu que imprime quien dirige ese cuerpo militarizado en las islas.
